
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha presentado una denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acusándolo de cometer un presunto delito de revelación de secretos. Según la denuncia, Rodríguez habría filtrado datos personales y fotografías de dos periodistas de El País que investigaban un supuesto caso de fraude fiscal relacionado con Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
La denuncia señala que los datos habrían sido obtenidos a través de un agente de la Policía Nacional encargado de la escolta personal de Ayuso y compartidos posteriormente en un grupo de mensajería en el que participaban otros periodistas. De acuerdo con el PSOE, esta acción habría tenido como objetivo desacreditar a los reporteros y, posiblemente, intimidarlos para que desistieran de la investigación.
El PSOE pide medidas urgentes
El PSOE no solo acusa a Rodríguez, sino que solicita al juez que ordene medidas cautelares para evitar la destrucción de posibles pruebas. Entre las medidas pedidas, destaca la revisión del teléfono móvil del jefe de gabinete de Ayuso y la identificación completa de los escoltas implicados, así como una posible sanción contra estos últimos.
Asimismo, la denuncia aboga por que los periodistas afectados sean reconocidos formalmente como perjudicados para que puedan emprender acciones legales por su cuenta, protegiendo así sus derechos y asegurando una investigación transparente.
El PSOE denuncia a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos personales de varios periodistas que estaban investigando el caso de fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso https://t.co/kYj3vhURGS pic.twitter.com/8UWBN1pVTv
— Radio 5 (@radio5_rne) January 7, 2025
Contexto del caso de Alberto González Amador
Este incidente forma parte de una controversia más amplia en la que González Amador, pareja de Díaz Ayuso, se encuentra señalado por su presunta vinculación con actividades de fraude fiscal. Además, el caso está vinculado a un supuesto intento de pacto entre la Fiscalía General del Estado y González Amador, algo que fue posteriormente desmentido por las autoridades.
En paralelo, Rodríguez está citado a declarar como testigo en otra investigación que involucra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una posible revelación de secretos. Según fuentes judiciales, este conjunto de acontecimientos refleja una tensión institucional y política creciente en torno a la gestión de las investigaciones que rodean a Díaz Ayuso y su entorno más cercano.
Reacciones y silencio institucional
Hasta el momento, la Comunidad de Madrid no ha emitido un comunicado oficial sobre la denuncia contra Rodríguez. Sin embargo, fuentes cercanas a Ayuso aseguran que la presidenta madrileña defiende la profesionalidad y honestidad de su jefe de gabinete y cree que las acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio en su contra.
Por otro lado, asociaciones de prensa y periodistas han expresado su preocupación ante estos hechos, ya que consideran que atentan contra la libertad de prensa y la integridad de los profesionales que investigan temas de interés público. También piden que las autoridades investiguen de manera exhaustiva y sin interferencias políticas.
Una denuncia que podría reavivar la polémica en Madrid
Esta denuncia llega en un contexto de creciente polarización política en la Comunidad de Madrid, donde la oposición, encabezada por el PSOE, ha mantenido constantes críticas hacia la gestión de Ayuso. Para los socialistas, este caso simboliza una práctica política que buscan erradicar y consideran que el jefe de gabinete no debería quedar exento de responsabilidades legales.
Por su parte, Rodríguez, quien ya tiene una cita programada para comparecer ante el Tribunal Supremo, se encuentra en el ojo del huracán no solo por esta denuncia, sino también por otros casos en los que ha sido señalado por comportamientos que podrían exceder sus funciones como figura cercana al Ejecutivo madrileño.
El desenlace de este caso tendrá un impacto significativo en el ámbito político y judicial, con posibles repercusiones tanto para Ayuso como para la credibilidad de sus colaboradores. En los próximos días, se esperan avances sobre las medidas solicitadas por el PSOE y posibles declaraciones de los involucrados.