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50 años sin Franco: la memoria que España aún se debe a sí misma

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Homenaje a todas las víctimas: fusilados, exiliados, mujeres, personas LGTBI, bebés robados y generaciones silenciadas.

20 de noviembre de 2025.
Medio siglo después de la muerte de Francisco Franco, España encara una fecha cargada de significado histórico y político. El 20 de noviembre de 1975 no solo marcó el fin biológico de un dictador, sino el cierre de un régimen que durante casi cuatro décadas construyó un sistema de represión, censura, violencia institucional y control social que todavía hoy proyecta sombras en la democracia actual. La pregunta, cincuenta años después, no es si Franco murió, sino qué parte de su legado sigue viva.

La conmemoración no es cómoda. A diferencia de otros países que celebran fechas de liberación o caídas de dictaduras, España sigue atrapada en un debate identitario sobre su pasado reciente. Hablar del franquismo continúa generando división política, resistencia institucional y un intenso pulso cultural entre quienes buscan verdad, justicia y reparación, y quienes promueven el revisionismo o la equiparación entre víctima y verdugo. Recordar no es un ejercicio arqueológico: es una urgencia democrática.

Una dictadura construida sobre la violencia

El franquismo no emergió tras la guerra: nació con ella. La Guerra Civil fue el resultado de un golpe militar contra la República y dio paso a una represión masiva que se prolongó durante décadas. Miles de personas fueron fusiladas tras consejos de guerra sin garantías legales, encarceladas por motivos ideológicos o enviadas a trabajos forzados. La violencia no fue una respuesta puntual a la posguerra, sino el método estructural del régimen para instaurar el miedo como forma de control social.

España sigue siendo uno de los países con mayor número de desaparecidos políticos sin identificar del mundo occidental. La existencia de fosas comunes en cunetas, barrancos y cementerios, así como la falta de exhumaciones completas, demuestra que la dictadura no terminó para quienes todavía buscan el cuerpo de un familiar. Sin verdad forense no hay justicia. Sin duelo no hay memoria.

Una democracia construida sin ruptura

El relato hegemónico de la Transición como modelo pacífico omite su naturaleza pactista. La democracia española se construyó sobre un principio pragmatico: avanzar hacia libertades civiles sin depurar responsabilidades del régimen anterior. La amnistía de 1977 benefició a presos políticos, pero también blindó a torturadores, autoridades policiales, jueces y cargos administrativos que participaron activamente en la represión. Las estructuras del Estado —judiciales, económicas, e incluso mediáticas— conservaron continuidad con el franquismo.

Esa ausencia de justicia transicional explica en parte el silencio institucional que dominó la vida pública durante décadas, la persistencia de símbolos fascistas en calles y monumentos, la falta de acceso a archivos oficiales y la fragilidad del consenso democrático frente al auge actual de discursos negacionistas. La historia no se juzga sola: necesita voluntad.

Una España amputada: exilio y censura

La dictadura no solo encarceló: expulsó al país a parte de su élite intelectual y política. Escritores, periodistas, científicos, docentes y artistas abandonaron España en distintas oleadas rumbo a México, Francia, Argentina o la Unión Soviética. La censura cultural impuso una moral católica, sexualmente represiva y políticamente uniforme. Se prohibieron libros, se intervinieron obras teatrales, se editaron películas y se controló la prensa. La pérdida no fue solo política: fue cultural. España dejó de dialogar con Europa durante décadas y tuvo que reconstruir su modernidad desde un atraso impuesto.

Las mujeres bajo dictadura: un país construido contra ellas

El régimen convirtió el cuerpo de la mujer en territorio estatal. Sin autonomía jurídica sin autorización marital, sin derechos laborales plenos, sin divorcio y sin control sobre su maternidad, las mujeres quedaron relegadas a la maternidad y al servicio familiar. La Sección Femenina adoctrinó generaciones bajo un modelo de obediencia y pureza moral. El aborto se criminalizó, el deseo se patologizó y el feminismo se asoció al enemigo “rojo” y “anticatólico”.

Sus consecuencias siguen vivas en desigualdades salariales, violencia machista estructural y patrones culturales heredados. La memoria democrática no puede limitarse a la represión política: debe incluir la resistencia silenciosa y cotidiana de las mujeres a un Estado diseñado para controlarlas.

La represión del colectivo LGTBI: delito, enfermedad y castigo

El franquismo persiguió a la diversidad sexual mediante leyes específicas, como la de Vagos y Maleantes y posteriormente la de Peligrosidad Social, que permitieron encarcelar a personas homosexuales y trans en prisiones especiales. La represión fue policial, médica y religiosa. Hubo fichas policiales, intentos de “reeducación”, internamientos psiquiátricos y violencia institucional.

La reparación llegó tarde y aún es parcial. Muchos sobrevivientes envejecieron sin reconocimiento, y la amenaza contemporánea de discursos de odio contra personas LGTBI muestra que los avances no son irreversibles. Recordar también significa proteger.

Los bebés robados: identidad como campo de batalla

Entre los capítulos más oscuros del franquismo, la trama de bebés robados destaca por su alcance y duración. Lo que comenzó como una herramienta para castigar a mujeres consideradas “ideológicamente desviadas” —republicanas, pobres, madres solteras o presas— se transformó en una red clandestina que involucró a médicos, monjas, funcionarios, hospitales públicos y privados y juzgados de menores. A miles de madres se les comunicaba que su bebé había muerto al nacer sin ver el cuerpo, mientras recién nacidos eran entregados a familias afines al régimen o vendidos mediante redes ilegales.

El horror no terminó con Franco. Persistió durante los años 80 e incluso en los 90. Hoy existen adultos que buscan su identidad y madres que nunca recibieron respuesta. La justicia ha archivado la mayoría de denuncias y el Estado no ha generado un censo oficial, lo que convierte esta herida en una cuestión de actualidad, no de memoria histórica.

La Iglesia como engranaje del régimen

La alianza entre Franco y la Iglesia católica fue estructural. El nacionalcatolicismo legitimó al régimen teológicamente, controló la moral pública, influenció en la educación durante décadas y participó activamente en mecanismos de represión sexual y reproductiva, incluida la trama de bebés robados. El Vaticano fue institución diplomática, brazo ideológico y garante simbólico de la dictadura. La memoria democrática también debe interpelar a los poderes religiosos que hoy siguen sin rendir cuentas.

El peligro del olvido: símbolos, nostalgia y revisionismo

España ha convivido durante décadas con calles dedicadas a golpistas, monumentos fascistas, fundaciones que ensalzan la figura del dictador y discursos que blanquean el régimen en medios y parlamentos. Mientras Alemania convirtió el horror en pedagogía, España permitió que la memoria quedara relegada al ámbito privado. El debate no es estético, sino político: lo que una sociedad tolera en su espacio público define lo que normaliza en su conciencia colectiva.

La memoria como política de Estado

Recordar no es un acto sentimental, sino una obligación institucional. Implica abrir archivos, localizar fosas, reparar a víctimas, reconocer a colectivos específicos como mujeres y personas LGTBI, asumir la responsabilidad del Estado y garantizar que la enseñanza de la historia no sea opcional ni manipulada. También exige nombrar los hechos: el franquismo fue una dictadura autoritaria basada en violencia y control moral.

Cinco décadas después, la deuda sigue abierta

Muchos interrogantes siguen sin respuesta. No sabemos cuántas personas fueron fusiladas, ni cuántas fosas quedan por abrir, ni cuántos bebés fueron robados realmente, ni cuántos represores murieron impunes, ni cuántas familias aún buscan a quienes desaparecieron en nombre del orden y la patria. La memoria no es un ejercicio académico; es un derecho civil y una forma de justicia.

Memoria para defender el futuro

Cincuenta años sin Franco no son cincuenta años sin franquismo. España sigue lidiando con discursos autoritarios, homófobos y reaccionarios que buscan deslegitimar los avances sociales y banalizar la historia. Recordar no es mirar atrás con rencor, sino proteger lo que se conquistó con sangre, exilio, cárcel y resistencia.

Este homenaje es para quienes murieron defendiendo la libertad, para quienes sobrevivieron al silencio, para las mujeres que lucharon contra un Estado patriarcal, para las personas LGTBI perseguidas por existir, para los bebés robados que aún no saben quiénes son y para las familias que esperan dignidad en forma de un cuerpo recuperado. La memoria no es solo un deber con el pasado; es un compromiso con el futuro.

España no necesita recordar a Franco.
Necesita recordar por qué no debe volver nadie como él.

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