La devastación provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana ha sido desoladora. Calles convertidas en ríos, hogares sumergidos bajo el lodo, puentes colapsados y vidas arrebatadas se suman a una lista de dolorosas pérdidas que ha dejado el temporal. Sin embargo, el desastre no solo muestra la fuerza de la naturaleza, sino también la fragilidad de nuestras estructuras y políticas de emergencia. Frente a un evento climático extremo, la comunidad valenciana quedó a merced de una infraestructura limitada y de unos servicios de rescate que, por decisión política, han visto reducidos sus recursos y capacidad de respuesta.
Es aquí donde surgen serias preguntas sobre las decisiones presupuestarias del gobierno de la Comunidad Valenciana, que en los últimos años ha recortado fondos esenciales en protección civil y rescate, mientras aumenta el presupuesto para otros intereses, como la tauromaquia. Estos eventos, aunque tradicionales y apreciados por muchos, no aportan a la seguridad ni al bienestar de la población, y mucho menos en situaciones de emergencia. La tragedia de la DANA expone la desconexión entre las políticas de asignación de recursos y las verdaderas necesidades de la comunidad, cuya seguridad debe estar siempre por encima de cualquier otro interés o tradición.
Durante esta emergencia, cientos de bomberos, policías y personal de rescate, con recursos limitados, lucharon contra la naturaleza en una desigual batalla para salvar vidas y minimizar daños. Sin embargo, la falta de inversión en este ámbito resultó evidente. La escasez de vehículos especializados, equipos de alta capacidad y recursos de refuerzo para situaciones de crisis ha sido un factor determinante en los resultados devastadores que hoy sufre Valencia. Por cada euro destinado a entretenimiento o tradiciones, es un euro menos para salvar una vida, para prevenir una tragedia, para actuar con rapidez en los momentos en que cada segundo cuenta.
Desde hace tiempo, organismos nacionales e internacionales han advertido sobre el cambio climático y la necesidad de prepararse para fenómenos meteorológicos cada vez más violentos e impredecibles. La DANA no es un hecho aislado ni una rareza. Es un evento que, en el contexto actual de cambio climático, se volverá más frecuente y violento. Sin embargo, mientras esto sucede, vemos cómo nuestros líderes deciden gastar fondos públicos en eventos de entretenimiento y tradiciones, sin destinar la debida inversión a los servicios de emergencia que protegen a las personas.
El gobierno valenciano, al desviar fondos a espectáculos taurinos, muestra una falta de previsión alarmante y desconcertante en tiempos donde el cambio climático amenaza nuestras ciudades y comunidades. No se trata de una crítica a las tradiciones, sino de una crítica a las prioridades de gasto. En un mundo donde los fenómenos naturales son cada vez más intensos, los recursos públicos deberían destinarse principalmente a proteger y preservar vidas y no a eventos que, aunque de arraigo cultural, no contribuyen al bienestar de la población en términos de seguridad.
Esta tragedia debería servir como una llamada de atención a las autoridades de la Comunidad Valenciana y a todos los gobiernos que priorizan gastos innecesarios por encima de la seguridad ciudadana. Cada recurso invertido en infraestructura de emergencia, en capacitación de personal, en sistemas de comunicación y en planificación de contingencias es un recurso que salva vidas y que da tranquilidad a la ciudadanía. Ignorar esto y destinar fondos a espectáculos que no brindan esta seguridad es, en última instancia, una negligencia que todos terminamos pagando, pero que, en momentos de crisis, las víctimas pagan con su vida.
La DANA deja una cicatriz profunda en Valencia y plantea la necesidad urgente de replantear las políticas y decisiones de gasto de nuestros líderes. La pregunta es clara: ¿cómo podemos confiar en un gobierno que prioriza los eventos de ocio frente a la protección de sus ciudadanos? Cada vida que se ha perdido en esta catástrofe debería recordarnos que la responsabilidad política implica anteponer la seguridad y el bienestar de todos antes que cualquier otro interés.
