En una sociedad democrática, el derecho a recurrir a la justicia es una herramienta fundamental para garantizar la convivencia y el respeto a los derechos individuales y colectivos. Sin embargo, en los últimos años, hemos sido testigos de una estrategia recurrente que convierte los juzgados en escenarios de batallas culturales, donde determinados colectivos buscan imponer su visión del mundo mediante denuncias y querellas que rara vez prosperan. Un ejemplo paradigmático de esta dinámica es el de Abogados Cristianos, una organización que, con una frecuencia notable, lleva a los tribunales expresiones artísticas, avances sociales y decisiones políticas que considera ofensivas o contrarias a su visión moral.
El patrón es claro: se toma un elemento simbólico o una medida legal —un cómic, un cartel de carnaval, una ley sobre derechos individuales— y se convierte en el centro de una disputa judicial bajo el argumento de que atenta contra los sentimientos religiosos o vulnera principios morales. Estas acciones, más allá de su recorrido legal, tienen una evidente intención mediática: generar controversia, alimentar la narrativa de una supuesta persecución a los cristianos y movilizar a su base social.
Casos que rozan lo absurdo (con perdón de Dios)
La lista de querellas presentadas por Abogados Cristianos en los últimos años es extensa y, en muchos casos, controvertida. Recientemente, la justicia archivó definitivamente su querella contra un cómic satírico, desestimando sus argumentos sobre una presunta ofensa a la fe. No es una excepción: numerosas acciones legales impulsadas por esta organización han terminado en carpetazo judicial, al no encontrar indicios de delito en las manifestaciones que pretendían censurar.
Otro ejemplo reciente es su intento de procesar al alcalde de Soria por utilizar un ‘papamóvil’ en un acto festivo. El vehículo, una parodia evidente en el contexto de un evento popular, fue denunciado por supuesta ofensa religiosa. El caso fue archivado, pero la organización ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo, prolongando un proceso que difícilmente cambiará el criterio judicial.
Más llamativo aún fue su solicitud de retirar un cartel del Carnaval de Terrassa, que mostraba a un obispo a cuatro patas y con tacones rojos. La imagen, diseñada con un claro tono humorístico, fue denunciada como ofensiva para la Iglesia católica. Estos intentos de censura, amparándose en la protección de sentimientos religiosos, chocan frontalmente con el derecho a la libertad de expresión, reconocido tanto en la Constitución española como en las normativas internacionales.
De la sátira al derecho a morir dignamente
Sin embargo, Abogados Cristianos no se limita a denunciar representaciones artísticas o manifestaciones humorísticas. Recientemente, España ha sido testigo de un hito sin precedentes: por primera vez, un caso de eutanasia llega a juicio a raíz de una denuncia interpuesta por esta organización. Se trata de una cuestión especialmente delicada, ya que afecta a una ley aprobada democráticamente y a un derecho reconocido por el Estado a quienes, en situaciones extremas, deciden poner fin a su sufrimiento.
Este caso refleja cómo el activismo judicial no solo busca influir en el ámbito simbólico, sino también en decisiones profundamente personales y en derechos conquistados tras largos debates sociales. La estrategia, en este sentido, no es inocente: judicializar el acceso a la eutanasia implica sembrar dudas, generar miedo e intentar revertir avances sociales mediante una presión constante en los tribunales.
La eutanasia, regulada en España desde 2021, cuenta con garantías estrictas para evitar cualquier abuso. La denuncia de Abogados Cristianos, sin embargo, abre un precedente inquietante: utilizar el aparato judicial para obstaculizar derechos individuales amparándose en una visión particular de la vida y la muerte. No es, desde luego, un hecho aislado, sino una prolongación de su oposición sistemática a cualquier iniciativa legislativa que cuestione su marco ideológico.
Libertad de expresión frente a censura ideológica
La cuestión de fondo no es únicamente la legalidad o no de estas representaciones o decisiones, sino el intento de imponer una determinada visión moral mediante el aparato judicial. En un Estado aconfesional, la libertad de expresión debe prevalecer, incluso cuando el discurso pueda resultar incómodo para ciertos sectores. La sátira y la crítica, especialmente hacia instituciones poderosas como la Iglesia católica, forman parte del debate democrático y de la tradición cultural europea.
Lo que subyace en estas querellas es un intento de marcar límites ideológicos en el espacio público. Abogados Cristianos no actúa únicamente en defensa de la fe, sino que, de manera sistemática, se posiciona en contra de avances en derechos civiles, como los vinculados al colectivo LGTBI, al feminismo o, como acabamos de ver, al derecho a una muerte digna. Su actividad judicial no es neutra ni desinteresada: responde a una agenda que busca frenar el avance de determinados discursos sociales que consideran contrarios a su visión del mundo.
Estrategias de visibilidad y victimismo
Más allá de los tribunales, estas acciones cumplen una función propagandística. Cada querella se traduce en titulares, entrevistas y menciones en medios de comunicación, lo que permite a la organización proyectar la imagen de una fe asediada. Este discurso de victimismo religioso es recurrente en sus declaraciones públicas, donde se presenta la libertad de expresión o las leyes de derechos civiles como amenazas, en lugar de reconocerlas como pilares fundamentales de la convivencia.
La paradoja es evidente: en su afán por censurar determinadas manifestaciones o bloquear el acceso a ciertos derechos, Abogados Cristianos no hace sino darles mayor visibilidad. El cómic que querían retirar, el ‘papamóvil’ de Soria, el cartel de Terrassa o el caso de la eutanasia alcanzaron una notoriedad que jamás habrían conseguido sin su intervención. Este «efecto Streisand» demuestra que intentar limitar la libertad de expresión o condicionar derechos fundamentales mediante denuncias judiciales suele ser contraproducente.
Una democracia madura no teme al humor ni a los derechos civiles
La pluralidad de una sociedad democrática se mide, entre otras cosas, por su capacidad para convivir con discursos críticos, irónicos o provocadores, así como para respetar decisiones individuales que no afectan al bienestar colectivo. La fe, como cualquier otro aspecto de la vida pública, puede ser objeto de humor o crítica, siempre dentro de los límites que marca la ley. Las estrategias de judicialización de lo simbólico, lejos de proteger las creencias religiosas, las colocan en una posición de fragilidad, al transmitir la idea de que necesitan la tutela constante del aparato judicial para subsistir.
Pero el reto es aún mayor cuando esta judicialización afecta a derechos fundamentales conquistados tras largos procesos democráticos. El intento de llevar a juicio una eutanasia no es una simple cuestión de principios morales; es un mensaje implícito a quienes ejercen su derecho a decidir sobre su vida: «Vuestro sufrimiento puede ser cuestionado si no encaja en nuestra visión del mundo».
En definitiva, las acciones de colectivos como Abogados Cristianos no solo tensionan los límites de la libertad de expresión, sino que reflejan una resistencia a aceptar una realidad social diversa, en la que las creencias individuales coexisten con discursos y decisiones que pueden resultar incómodos. La verdadera fortaleza de una fe no radica en su capacidad para llevar a los tribunales cada sátira o intentar bloquear cada avance social, sino en su habilidad para convivir, sin temor, en una sociedad que se enriquece precisamente por su pluralidad y su sentido críti
