Más de quince años después de que se empezaran a acumular los primeros indicios de corrupción en Orihuela, el caso Brugal cierra sus puertas como un basurero que llevaba décadas sin vaciarse: cada contrato amañado, cada soborno y cada empresa fantasma eran residuos apilados hasta desbordar la legalidad. La Audiencia de Alicante ha condenado a nueve personas, entre ellas la exalcaldesa Mónica Lorente, por manipular la adjudicación de la contrata de basuras y beneficiar a empresas privadas con dinero público. Por fin, la justicia ha comenzado a limpiar el vertedero de irregularidades que durante años permaneció oculto, revelando el alcance de una corrupción que contaminó la gestión municipal.
El caso Brugal, cuyo nombre es un acrónimo de “Basuras RUrales Gestión ALicante”, se centra en la investigación de la gestión de la recogida y almacenamiento de basuras en municipios de la provincia de Alicante. Como ocurre con otras operaciones policiales en España, el nombre guarda conexión directa con los hechos que se indagan: en este caso, la contratación y gestión de residuos en la Vega Baja.
Primera etapa: 2006-2007
La investigación se remonta a marzo de 2006, cuando el empresario oriolano Ángel Fenoll entregó a la policía una grabación en la que un concejal discutía un intento de soborno al alcalde del Partido Popular, José Manuel Medina, y a otros regidores del Partido Popular y del Centro Liberal de Orihuela. El supuesto soborno estaba vinculado a la adjudicación del contrato de servicios de recogida de basuras en Orihuela.
Fenoll, cuya empresa competía por el contrato junto a otras cuatro, había grabado con cámara oculta varias reuniones con empresarios y responsables políticos. Estas grabaciones sirvieron como base para que la Fiscalía Anticorrupción iniciara la investigación.
En mayo de 2007, la Policía Nacional detuvo a Ángel Fenoll y a otras cinco personas: su hijo Antonio Ángel Fenoll, su hermano Ramón Fenoll, el exedil de Centro Liberal Jesús Ferrández, el concejal de Turismo del Partido Popular de Albatera, Javier Bru, y un detective. Tras las detenciones, únicamente Ángel Fenoll, su hijo y Javier Bru permanecieron en prisión preventiva durante un mes por delitos de extorsión mediante grabaciones y cohecho, saliendo tras pagar un total de 260.000 euros en fianza.
En declaraciones a la prensa, Ángel Fenoll explicó que sus relaciones con responsables del Ayuntamiento de Orihuela se remontaban a años anteriores. Citó, por ejemplo, al alcalde Luis Fernando Cartagena (PP), con quien en 1993 colaboró en hechos que dieron lugar al escándalo del donativo del Hospital San Juan de Dios en 2002. Ambos fueron condenados por falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos: Fenoll recibió un año de prisión, mientras que Cartagena fue condenado a cuatro años e ingresó en el Centro Penitenciario Alicante II de Villena en julio de 2008.
Segunda etapa: julio de 2010
El 6 de julio de 2010, se realizaron once nuevas detenciones vinculadas al caso. Entre los arrestados destacaba José Joaquín Ripoll, presidente del Partido Popular de Alicante y titular de la Diputación provincial, quien quedó en libertad con cargos tras declarar. Junto a él, se detuvo a tres concejales del PP de Orihuela y a siete empresarios.
En paralelo, durante la instrucción se registraron conversaciones telefónicas que implicaban a empresarios y políticos en presuntos sobornos relacionados con infraestructuras, planificación urbana y también con el ámbito deportivo, como el caso de Enrique Ortiz Selfa, máximo accionista del Hércules CF, implicado en negociaciones con el Córdoba CF para influir en partidos de la temporada 2009/10.
En octubre de 2010, el fiscal anticorrupción Felipe Briones imputó a Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y a su predecesor Luis Díaz Alperi, por su presunta implicación en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Se les acusó de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, vinculados a retribuciones recibidas, como un viaje en yate a las Islas Baleares. También se imputó a directivos de Bancaja y a Vicente Sala, expresidente de la Caja Mediterráneo.
Nueva fase: detenciones en 2012
El 7 de junio de 2012, la titular del Juzgado número 3 de Orihuela imputó a 29 personas adicionales por el amaño de la contrata de basura en Orihuela. Esta nueva tanda de imputaciones incluía a los exalcaldes del PP José Manuel Medina y Mónica Lorente, que en ese momento era portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, así como a siete exconcejales del mismo partido, el hermano de la exalcaldesa y su exjefe de gabinete.
Este sumario corresponde a una de las tres ramas principales del caso Brugal y se centra en la adjudicación de la contrata de basuras en octubre de 2008, cuando Mónica Lorente era alcaldesa. El contrato fue adjudicado a una UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. Según la investigación, las dos últimas empresas eran en realidad ficticias y funcionaban como tapadera utilizada por Ángel Fenoll para asegurar la obtención del contrato.
El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, declinó realizar comentarios públicos sobre estas imputaciones.
Tras las detenciones y las imputaciones de 2006-2012, la causa Brugal entró en una fase judicial prolongada y compleja, marcada por recursos, nulidades y reiteradas revisiones de pruebas.
Primera fase judicial y sentencia de 2020
Después de años de instrucción y recopilación de pruebas —incluidas grabaciones de Ángel Fenoll, registros domiciliarios y documentación administrativa sobre la adjudicación de contratos de basuras— la Audiencia de Alicante dictó en 2020 la primera sentencia relativa a la adjudicación de la contrata de residuos en Orihuela.
En esta resolución, la mayoría de los acusados fueron absueltos, debido a que se anularon varias pruebas clave, especialmente las escuchas telefónicas y algunos registros domiciliarios, argumentando irregularidades procesales. Esto dejó sin efecto gran parte del material recabado durante la investigación y paralizó temporalmente la acción judicial.
Recurso ante el Tribunal Supremo y orden de repetición del juicio (2024)
La Fiscalía Anticorrupción recurrió ante el Tribunal Supremo, alegando que las pruebas anuladas eran válidas y que su exclusión impedía la correcta valoración de los hechos.
En 2024, el Supremo resolvió a favor de la Fiscalía, declarando que las intervenciones telefónicas, registros y otros documentos eran legales y debían ser admitidos en el juicio. Con esta decisión, se ordenó la repetición del juicio, reactivando la causa y permitiendo que el proceso continuara después de más de una década de retrasos.
Juicio de repetición y nuevas pruebas
El juicio de repetición incluyó la totalidad de las pruebas:
- Grabaciones y vídeos de Ángel Fenoll y su hijo, que documentaban reuniones con políticos y funcionarios sobre el amaño de contratos.
- Registros de empresas y documentación administrativa que demostraban la existencia de UTEs ficticias (como Liasur y Gobancast) utilizadas para adjudicar de manera irregular la contrata de basuras de Orihuela.
- Testimonios de funcionarios y concejales implicados en la tramitación de contratos, y análisis de las decisiones tomadas entre 2006 y 2008, incluyendo los amaños que beneficiaron directamente a Fenoll.
Durante el juicio, la Fiscalía y la acusación particular argumentaron que estas pruebas demostraban delitos de prevaricación, fraude, cohecho, negociaciones prohibidas, revelación de secretos, uso de información privilegiada y extorsión.
Sentencia de 2026
En enero de 2026, la Audiencia de Alicante dictó la sentencia final de esta fase del caso Brugal. El fallo condenó a nueve de los 33 acusados inicialmente, entre ellos:
- Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela.
- Tres exconcejales del Ayuntamiento.
- El interventor accidental del consistorio.
- Ángel Fenoll y su hijo.
- Dos colaboradores vinculados a la adjudicación de la contrata.
Las condenas se acompañaron de la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, reconociendo el prolongado tiempo transcurrido desde los hechos hasta la resolución. Las penas incluyeron prisión, inhabilitación y multas por delitos de prevaricación en concurso con fraude, negociaciones prohibidas, cohecho, extorsión y revelación de secretos.
Además, la sentencia obligó a varios de los condenados a indemnizar al Ayuntamiento de Orihuela con cerca de 600.000 euros, cantidad que podría aumentar una vez se determine el perjuicio definitivo en la vía contencioso-administrativa.
Absoluciones y contexto judicial
Del total de 33 acusados, 24 fueron absueltos, incluidos otro exalcalde y antiguos concejales, lo que refleja las dificultades de probar tramas complejas que se desarrollan durante años y con participación de múltiples actores.
El juicio de repetición del caso Brugal permitió, por primera vez, vincular directamente a los condenados con la manipulación de contratos de basura en Orihuela, reconstruyendo la secuencia de hechos que se remontaba a 2006-2008 y que había quedado parcialmente suspendida tras la nulidad de pruebas en la primera sentencia de 2020.
Con la sentencia de enero de 2026, el caso Brugal cierra una fase judicial clave tras más de quince años de investigaciones, detenciones y juicios. Nueve de los acusados han sido condenados por delitos relacionados con la adjudicación irregular de la contrata de basuras de Orihuela, mientras que 24 han sido absueltos. La resolución impone penas de prisión, inhabilitación y el pago de indemnizaciones al Ayuntamiento, poniendo fin a una de las investigaciones más largas y complejas sobre corrupción municipal en España. Aunque los años de dilación han marcado el proceso, la justicia ha logrado por primera vez vincular de manera directa a los responsables políticos y empresariales con los hechos que dieron origen a la trama.
El basurero Brugal cierra así sus puertas, pero como un vertedero que durante años acumuló desechos invisibles, deja ahora al descubierto los restos de irregularidades que contaminaron la gestión municipal. Cada expediente amañado, cada contrato irregular y cada soborno forman los residuos que, por fin, han sido sacados a la luz, dejando un registro histórico de la corrupción que sacudió Orihuela y un precedente judicial que permanecerá en la memoria de la provincia.
