La investigación judicial sobre la gestión de la DANA que asoló la Comunitat Valenciana en octubre de 2024 y dejó 230 personas fallecidas ha entrado en 2026 con una comparecencia clave: la del líder del Partido Popular. Su declaración como testigo, bajo juramento de decir la verdad, no solo ha aportado nuevos detalles sobre aquellas horas críticas, sino que ha abierto una grieta profunda entre el relato político sostenido tras la catástrofe y lo admitido ahora ante la magistrada.
Durante más de cinco horas, por videoconferencia desde su despacho en el Congreso, el dirigente popular respondió a las preguntas de la jueza que instruye la causa, la fiscalía, las acusaciones y las defensas. Lo que quedó sobre la mesa es una sucesión de desconocimientos, contradicciones y vacíos informativos que contrastan con las afirmaciones públicas realizadas apenas dos días después de la tragedia.
Sin información “en tiempo real”
Uno de los puntos centrales de la declaración fue el reconocimiento explícito de que no recibió información en tiempo real por parte del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el desarrollo de la emergencia. Una admisión relevante, porque contradice directamente sus propias palabras pronunciadas en Valencia tras la DANA, cuando aseguró haber estado en contacto constante con el jefe del Consell desde antes de la riada.
Según explicó ante la jueza, el primer contacto con Mazón se produjo el mismo día de la catástrofe, a las 19.59 horas, cuando comenzó a preocuparse por lo que estaba ocurriendo y decidió escribirle. No hubo llamadas, no hubo coordinación política previa y no existió —según su versión judicial— un flujo continuo de información desde el inicio del episodio extremo.
Los mensajes de WhatsApp aportados al juzgado, tanto por Mazón como posteriormente por el propio líder del PP, avalan este extremo: no hay constancia de comunicaciones previas ni de alertas tempranas trasladadas a la dirección nacional del partido.
Desconocimiento de los órganos clave de emergencia
La declaración dejó otra confesión llamativa: no conocía la existencia ni el funcionamiento del Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrada desde el que se gestionó la emergencia en L’Eliana y desde donde se envió el mensaje masivo Es-Alert a los teléfonos móviles de la población.
Ese aviso, que alertaba de la gravedad de la situación, llegó —según la investigación judicial— tarde y de forma deficiente, cuando ya había zonas anegadas y víctimas mortales. El testigo reconoció que tampoco sabía dónde se encontraba Mazón en el momento exacto del envío de la alerta, ni que el president había pasado varias horas almorzando en un restaurante mientras la situación se deterioraba.
La magistrada, Nuria Ruiz Tobarra, insistió en varias ocasiones en que la competencia en la gestión de emergencias correspondía a la Generalitat Valenciana, no al Gobierno central, matizando así los intentos del compareciente de desplazar el foco hacia Madrid.
El momento en que supo que había muertos
Uno de los pasajes más delicados de la comparecencia fue el relativo al conocimiento de las víctimas mortales. El dirigente popular aseguró que supo que había fallecidos a las 23.25 horas, cuando Mazón le informó por mensaje de las primeras víctimas en Utiel.
Esta afirmación choca frontalmente con la versión que el propio Mazón dio meses atrás en la comisión de investigación del Congreso, donde sostuvo que no fue informado de la existencia de muertos hasta el día siguiente, pese a estar obligado también entonces a decir la verdad. La contradicción entre ambos relatos refuerza una de las líneas de la causa: la opacidad y el retraso en el reconocimiento de la gravedad real de la tragedia.
Comunicación, relato y poder político
Los mensajes intercambiados entre ambos dirigentes han sido especialmente reveladores para la investigación. En ellos, el énfasis no estaba puesto en decisiones operativas, evacuaciones o coordinación de recursos, sino en la gestión del relato público. Expresiones como “llevar la iniciativa de comunicación” o “controlar la información” aparecen en los chats aportados.
Ante la jueza, el líder del PP intentó restar importancia a ese lenguaje, asegurando que se refería a la necesidad de informar correctamente a la ciudadanía. Sin embargo, para las acusaciones, esos mensajes evidencian una prioridad política en un momento en el que cada minuto era crucial para salvar vidas.
El debate sobre la emergencia nacional
Otro eje central de la declaración fue la insistencia en que el Gobierno central debió declarar la emergencia nacional. El compareciente defendió que la Generalitat no tenía medios suficientes para afrontar una catástrofe de esa magnitud.
La jueza le recordó que la responsable del plan autonómico de emergencias era la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, hoy principal imputada en la causa. Pradas fue cesada un mes después de la DANA, en una remodelación del Consell anunciada por Mazón tras el aluvión de críticas públicas.
Una causa que apenas empieza
La declaración del líder popular inaugura el calendario judicial de 2026 en un procedimiento que se prevé largo y complejo. Cerca de 70 testigos pasarán por el juzgado de Catarroja en los próximos meses: altos cargos, técnicos de emergencias, responsables políticos y mandos operativos.
El objetivo de la instructora es reconstruir con precisión qué se sabía, cuándo se supo y qué decisiones se tomaron —o no se tomaron— durante las horas más críticas de la mayor catástrofe natural en España en lo que va de siglo.
Más allá de los tribunales
Más allá de sus consecuencias penales, la declaración deja una conclusión política difícil de esquivar: el relato construido tras la DANA comienza a desmoronarse bajo el peso de los hechos documentados. La distancia entre lo dicho ante las cámaras y lo admitido ante una jueza plantea preguntas incómodas sobre responsabilidad, liderazgo y verdad en momentos de emergencia extrema.
Mientras las familias de las 230 víctimas esperan respuestas y justicia, la causa judicial sigue avanzando, pieza a pieza, desmontando certezas y señalando que, en la DANA de 2024, el mayor fallo no fue solo del agua, sino de la información y la reacción del poder.
