Un juez de Madrid ha imputado a cuatro periodistas de los diarios EL PAÍS, El Mundo y 20 Minutos por un presunto delito de revelación de secretos. Los periodistas están siendo investigados por haber publicado el contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha citado a los periodistas a declarar como investigados el próximo 19 de junio. La investigación surge a raíz de una queja presentada por la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, quien también está imputada en el Tribunal Supremo. Rodríguez denunció las filtraciones del informe de la UCO, en el que se analizaron los datos obtenidos tras el registro de su despacho el pasado 30 de octubre.
La Constitución española protege el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar sus fuentes, considerándolo un pilar fundamental en un Estado democrático. Fuentes del Tribunal Constitucional recuerdan que el periodista puede acogerse a este derecho y no revelar quién le proporcionó la información. Además, señalan que, según la sentencia Sunday Times contra el Reino Unido, la libertad de expresión y el derecho a la información prevalecen sobre la privacidad en estos casos.
“Al periodista que le llega la información nunca puede ser imputado por publicarla”, indican las mismas fuentes. “Otra cosa es que el juzgado considere que el periodista ha obtenido esa información cometiendo un hecho delictivo. O el juez ha llamado a estos periodistas sin una base legal clara, o puede que haya elementos que desconocemos sobre la forma en la que accedieron a la información”, añaden.
Sin embargo, el juez instructor del caso ha decidido avanzar con la investigación tras la providencia dictada en diciembre por el Tribunal Supremo. En esta resolución, el alto tribunal derivó el asunto al decanato de los juzgados de Madrid para que se tomaran las medidas oportunas.
La queja inicial por las filtraciones fue presentada también por el fiscal general del Estado y por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. González Amador, imputado por fraude fiscal, se ha personado como acusación particular en la causa. No obstante, la citación de los periodistas solo menciona como denunciante a la fiscal jefa provincial.
El informe de la UCO que ha motivado esta imputación es una pieza clave en la instrucción abierta en el Tribunal Supremo. Dicho documento contenía los mensajes intercambiados por Pilar Rodríguez con García Ortiz y otros fiscales de Madrid el día en que se publicó el correo electrónico del abogado de González Amador. Esta filtración es el eje central de la investigación judicial.
Tras ser imputado, el fiscal general del Estado cambió su teléfono móvil y borró todos sus mensajes, lo que ha impedido a los agentes de la Guardia Civil recabar pruebas concluyentes sobre su presunta participación en la filtración. Sin embargo, el informe de la UCO señala que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en los hechos y sostiene gran parte de la investigación.
Este caso plantea un debate sobre los límites del derecho a la información y el secreto profesional de los periodistas en un contexto en el que la revelación de documentos judiciales puede entrar en conflicto con la protección de datos e investigaciones en curso.
