En los últimos días, dos figuras públicas han emitido declaraciones que evidencian cómo persisten discursos de exclusión contra el colectivo LGTBIQ+. El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, negó la existencia de las terapias de conversión y las calificó como un «constructo ideológico del marxismo». Paralelamente, Aurora Rodil, portavoz de Vox en Elche, afirmó que “las mujeres trans no son mujeres”, en una clara demostración de desconocimiento y desprecio hacia una realidad reconocida científica y legalmente. Estas posturas, aparentemente separadas, revelan un problema estructural: la perpetuación de la intolerancia y la exclusión desde ámbitos de influencia social y política.
La gravedad de estos hechos no radica únicamente en el mensaje explícito de rechazo, sino en las posibles consecuencias que pueden desencadenar. Más allá de ofender a quienes pertenecen al colectivo, refuerzan un marco cultural en el que la discriminación se percibe como justificable. En una sociedad democrática que aspira a proteger los derechos humanos, estos discursos no solo son inaceptables, sino que deben enfrentarse con claridad, rigor y acción institucional.
Las Terapias de Conversión: Una Realidad Dolorosa y Negada
Las terapias de conversión, destinadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas, han sido denunciadas como inhumanas y perjudiciales por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas. Sin embargo, al obispo Munilla le ha bastado un comentario para minimizar estas prácticas y tacharlas de invenciones ideológicas. Decir que no existen es ignorar no solo la evidencia documentada, sino también el testimonio de quienes han sufrido los daños emocionales, físicos y psicológicos de estas intervenciones forzosas.
Diversos estudios y reportajes han mostrado cómo estas «terapias» han dejado huellas indelebles en las personas que las han padecido. Desde tratamientos hormonales no consensuados hasta sesiones de «psicoterapia» coercitivas, el objetivo siempre ha sido el mismo: negar la autenticidad del individuo e imponer una orientación o identidad que no le corresponde. En España, la prohibición de estas prácticas refleja un avance jurídico importante, pero los comentarios de Munilla son un recordatorio de que las ideologías antiderechos siguen operando en la sombra.
Es fundamental señalar que negar la existencia de estas terapias es un insulto directo a las víctimas. No solo invalida sus experiencias, sino que también ofrece un espacio de impunidad para quienes las practican. Un líder religioso como el obispo Munilla debería utilizar su plataforma para construir puentes de empatía, no para alentar la invisibilización de los abusos que tantas personas han sufrido.
Negación de Identidades Trans: La Persistencia del Discurso Excluyente
Por su parte, Aurora Rodil ha protagonizado una polémica al declarar que las mujeres trans no son mujeres, una afirmación que denota un profundo desconocimiento y rechazo hacia la diversidad humana. Esta perspectiva no es nueva dentro de su partido, pero lo alarmante es que venga de una representante política que debería velar por los derechos de todas las personas, incluyendo el colectivo trans. Estas palabras no solo alimentan el estigma hacia las personas trans, sino que contribuyen activamente a su marginación social y vulnerabilidad.
El discurso de Rodil encuentra eco en una narrativa política que instrumentaliza la identidad de género como un tema de conflicto. Sin embargo, para la comunidad trans, esto no es un debate; es una lucha diaria por sobrevivir en un mundo que, en demasiados aspectos, sigue negándoles su derecho a existir. No reconocer su identidad es ignorar los datos que demuestran que la discriminación incrementa el riesgo de exclusión social, problemas de salud mental y violencia.
Las organizaciones locales como Dimove y partidos como Compromís y Podem Elx han pedido la dimisión de Rodil, y no sin razón. Es imprescindible que los representantes públicos entiendan que su papel no consiste en imponer sus creencias personales, sino en legislar y actuar por el bien común, protegiendo especialmente a los grupos más vulnerables. La sociedad avanza hacia una mayor aceptación de la diversidad, pero comentarios como el de Rodil solo intentan mantener una visión obsoleta y excluyente de lo que significa ser mujer.
La Responsabilidad de las Instituciones y Líderes Públicos
En una democracia, la responsabilidad de las instituciones y los líderes públicos es promover el respeto y la igualdad para todos los ciudadanos, sin excepción. Sin embargo, discursos como los de Munilla y Rodil generan una polarización que pone en riesgo los principios fundamentales del Estado de derecho. Su influencia trasciende el ámbito personal y afecta el bienestar colectivo, fomentando un clima donde la discriminación encuentra terreno fértil.
El Ayuntamiento de Elche y el entorno político de Munilla deben responder con acciones claras que demuestren su compromiso con los derechos humanos. En este contexto, el silencio no es neutralidad, es complicidad. La pasividad institucional valida indirectamente estos discursos y mina la confianza de las comunidades marginadas en las estructuras democráticas que deberían protegerlas.
Estos eventos no deben dejarnos paralizados, sino motivarnos a redoblar los esfuerzos por construir una sociedad inclusiva y respetuosa. La crítica a figuras públicas como Munilla y Rodil no se trata únicamente de señalar errores individuales, sino de visibilizar que el verdadero problema es estructural. Mientras sigamos permitiendo que posturas discriminatorias tengan cabida en los discursos oficiales, será imposible erradicar las desigualdades.
Una sociedad inclusiva no nace de la complacencia, sino de la resistencia activa contra las voces que intentan dividirnos. En este caso, es deber de la ciudadanía, los colectivos y las instituciones comprometerse de forma decidida con los valores de justicia e igualdad, garantizando que las personas LGTBIQ+ puedan vivir con dignidad y sin miedo.
