El documental 7291, emitido en RTVE el pasado jueves 13 de marzo, ha abierto una herida que nunca llegó a cerrarse del todo: la tragedia de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia. El título, que representa la cantidad de ancianos fallecidos sin recibir atención hospitalaria, es un recordatorio implacable de una gestión política que, lejos de priorizar la vida de los más vulnerables, los abandonó a su suerte.
Los testimonios recogidos en el documental son sobrecogedores. Familias que perdieron a sus seres queridos en condiciones inhumanas, sin siquiera la posibilidad de una despedida digna. Madres, padres, abuelos y abuelas que fueron aislados en sus habitaciones, sin acceso a un tratamiento adecuado porque desde el gobierno regional se establecieron protocolos que impedían su traslado a los hospitales. La impotencia y el dolor que transmiten los familiares en 7291 no pueden ser ignorados ni minimizados. Cada una de sus palabras resuena como un grito de justicia ante una administración que miró hacia otro lado mientras la tragedia se consumaba.
El impacto de estos testimonios se ve reforzado por el trabajo documental de Juanjo Castro, quien consigue plasmar el dolor y la indignación de una sociedad que aún no ha recibido respuestas. El documental no se queda en la exposición de los hechos, sino que busca un ejercicio de memoria histórica, una reivindicación de la verdad ante la manipulación política. Es un recordatorio de que la crisis sanitaria no solo fue un desafío médico, sino también un problema de gestión política y ética. ¿Cómo es posible que miles de ancianos fueran condenados sin más opciones? ¿Cómo se tomaron decisiones que priorizaron criterios económicos sobre la vida humana?
Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha optado por victimizarse. Su reacción a la emisión del documental no ha sido la de una líder preocupada por esclarecer lo sucedido o por ofrecer un mínimo de empatía a quienes sufrieron esas pérdidas. En lugar de eso, intentó presionar a RTVE para que le concedieran un espacio en el que defenderse. Su estrategia es clara: desviar la atención del verdadero problema y presentarse como la perjudicada. Pero los datos son irrefutables: 7291 personas murieron sin la atención que necesitaban porque alguien decidió que no merecían una oportunidad.
El intento de Ayuso de controlar el relato mediático no hace más que reforzar la necesidad de documentales como este. 7291 no es un ataque político, es una exigencia de justicia. La verdad incomoda, pero es imprescindible. Las víctimas y sus familias no necesitan excusas ni discursos vacíos; necesitan reconocimiento, responsabilidades y, sobre todo, que no se olvide lo que pasó. Porque lo que ocurrió en las residencias de Madrid en 2020 no fue una tragedia inevitable, fue una negligencia institucional de proporciones devastadoras.
Es especialmente preocupante el intento de silenciar este tipo de iniciativas. La reacción de Ayuso y su equipo político ante 7291 demuestra una vez más su tendencia a reescribir la historia para encajar su versión de los hechos. Intentar frenar la emisión de un documental que simplemente muestra lo que ocurrió es un acto de censura encubierta, un intento de manipular la memoria colectiva. Pero la verdad tiene un poder inquebrantable, y cada intento de ocultarla solo la hace más evidente.
El periodismo y el cine documental tienen el deber de contar estas historias, de dar voz a quienes fueron silenciados. RTVE ha cumplido con su función de servicio público al emitir 7291, y el intento de censura por parte del gobierno madrileño solo deja en evidencia lo mucho que hay que seguir investigando. Si Ayuso se siente atacada por la verdad, quizá debería preguntarse por qué.
Además, este documental no solo sirve para recordar lo que ocurrió, sino para exigir que no vuelva a pasar. La crisis sanitaria mostró las carencias de nuestro sistema y la falta de humanidad en ciertas decisiones políticas. Si no aprendemos de estos errores, estamos condenados a repetirlos. Las víctimas de 7291 no pueden quedar en el olvido, y la sociedad no puede permitirse que esta tragedia quede impune.
Es necesario que la ciudadanía mantenga la presión y exija respuestas. No basta con lamentarse; es preciso investigar, legislar y garantizar que nunca más se prioricen los intereses políticos sobre la vida humana. La memoria de las víctimas de las residencias de Madrid merece justicia, y 7291 es solo el comienzo de un proceso que no puede detenerse hasta que los responsables den la cara.
Audiencia Televisiva
El documental 7291, emitido en RTVE el pasado jueves 13 de marzo, ha suscitado una notable atención tanto en términos de audiencia televisiva como en las redes sociales, evidenciando el interés y la conmoción que genera este tema en la sociedad.
La emisión conjunta del documental en La 2 y el Canal 24 Horas alcanzó una audiencia promedio de 1.278.000 espectadores, lo que se traduce en un 15% de cuota de pantalla. Este notable desempeño se acentuó en la Comunidad de Madrid, donde la cuota de pantalla ascendió al 25,8%, y en Cataluña, con un 17,8%. En total, cerca de tres millones de personas sintonizaron el documental en algún momento de su emisión. Además, el programa especial previo, conducido por Xabier Fortes, registró una cuota del 8,6% y fue visto por 1.195.000 espectadores.
En las plataformas digitales, el documental generó un significativo eco. Los contenidos etiquetados con el hashtag #5añosCOVIDrtve alcanzaron casi 500.000 visualizaciones y registraron 12.000 interacciones. La red social X (anteriormente conocida como Twitter) fue la más activa, acumulando 421.000 impresiones relacionadas con el documental.
La combinación de una elevada audiencia televisiva y una amplia repercusión en redes sociales refleja el profundo impacto y la relevancia de 7291 en el debate público, subrayando la necesidad de abordar y reflexionar sobre la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia.
