“Se acabó, porque yo me lo propuse y sufrí”, dijo María Jiménez, con la voz de quien ya no teme el juicio ajeno. Hoy esa frase, elevada a canto colectivo por miles de gargantas hartas de aguantar, retumba más que nunca. Porque no estamos hablando de una ruptura romántica. Hablamos de un divorcio político, simbólico, cultural y profundamente doloroso: el que muchas personas, especialmente del colectivo LGTB+, están protagonizando con Eurovisión.
Durante décadas, Eurovisión no ha sido simplemente un festival de música. Ha sido un refugio. Un escenario donde lo diferente era celebrado y no castigado. Una fiesta kitsch, sí, pero también un santuario donde personas queer, racializadas o excluidas encontraban una pequeña parcela de representación en un mundo que les negaba casi todo. Eurovisión era ese lugar donde un niño gay en los años 90 podía ver a Dana International, mujer trans, alzando el trofeo representando a Israel (ironías de la historia), y pensar: “yo también puedo”. Donde una Conchita Wurst podía, desde Austria, desafiar a Europa con barba y vestido y hablar de renacer. Donde banderas del arcoíris ondeaban libres entre las cámaras sin que nadie se escandalizase. Y donde, más recientemente, pudimos ver cómo el trofeo recaía en manos de una persona no binaria, demostrando que la diversidad de identidades de género también tiene un lugar legítimo y brillante en uno de los escenarios más grandes del mundo.
Ese pacto simbólico se ha roto. Y no por una cuestión estética. Lo que ha hecho la Unión Europea de Radiodifusión (UER) al prohibir la exhibición de cualquier bandera o símbolo no oficial en el recinto del Festival —desde la LGTBI+ hasta la palestina— no es un tecnicismo: es un acto profundamente político. Es una decisión que asfixia el alma del festival. Que clausura su potencial emancipador. Que decide, sin matices, que es preferible callar ante la injusticia que incomodar a los poderosos.
Y todo esto sucede en un contexto concreto, que no es menor: el genocidio en curso del pueblo palestino. Desde octubre de 2023, el Estado de Israel ha asesinado a más de 51.000 personas palestinas, muchas de ellas mujeres y niños, en lo que organizaciones internacionales de derechos humanos han calificado como crímenes de guerra, actos de limpieza étnica e incluso genocidio. Las cifras abruman, pero más abrumador es el silencio cómplice de muchas instituciones europeas.
Israel, sin embargo, sigue participando en Eurovisión. Con todo el aparato propagandístico que eso conlleva: cámaras, focos, entrevistas, banderas, y una narrativa cuidadosamente construida para blanquear sus crímenes. Porque eso es lo que está en juego: permitir que un Estado acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos participe sin consecuencias, mientras se censura a quienes reclaman justicia desde el público, no es neutralidad. Es posicionamiento. Es complicidad.
La UER dice que Eurovisión no es un evento político. Pero eso es falso. Eurovisión siempre ha sido político. Lo fue cuando ABBA ganó con “Waterloo” en medio de la Guerra Fría. Lo fue cuando Yugoslavia participó como un estado unitario a pesar de estar a punto de estallar. Lo fue cuando Ucrania ganó en 2016 con “1944”, una canción abiertamente crítica con la invasión rusa de Crimea. Lo fue cuando Rusia fue expulsada del certamen tras la invasión de Ucrania en 2022. En aquel momento, nadie gritó “¡politización!”, sino que aplaudimos el gesto. ¿Por qué ahora se recurre a la “neutralidad” como excusa? ¿Por qué el silencio se impone cuando las víctimas son palestinas?
El argumento de la “apoliticidad” es, en este caso, profundamente hipócrita. Porque todo evento que decide qué puede decirse y qué no, qué símbolos pueden ondear y cuáles deben esconderse, está ejerciendo poder político. Censurar la bandera del orgullo LGTBI+ —un símbolo de lucha por los derechos humanos, reconocido internacionalmente— es tomar partido. Prohibir la bandera palestina mientras se permite la participación del Estado que bombardea hospitales y campos de refugiados es tomar partido. Silenciar al público mientras el genocida canta, es tomar partido.
Y esto, para el colectivo LGTBI+, es más que una decepción. Es una traición.
Durante décadas, hemos sostenido Eurovisión. Lo hemos celebrado cuando otros lo despreciaban. Lo hemos llenado de vida, de cultura, de dinero incluso. Nos hemos visto en sus artistas, en sus mensajes de inclusión. Hemos acudido a sus fiestas, comprado sus entradas, vibrado con cada edición. ¿Y ahora nos devuelven este castigo?
La censura de las banderas queer y palestinas no es anecdótica. Es una advertencia. Es el síntoma de un proceso de derechización institucional que avanza como una sombra sobre Europa. Ya no se trata solo de prohibir una bandera: se trata de construir un espacio despolitizado a conveniencia, donde solo caben los discursos oficiales. Se trata de anestesiar al público para que no moleste, para que no denuncie, para que baile sin pensar. Es la dictadura del entretenimiento “limpio”, libre de conflicto, libre de verdad.
Pero no nos engañemos: no hay fiesta inocente mientras se bombardean escuelas. No hay espectáculo neutral mientras se censura la disidencia. No hay música alegre cuando detrás de los focos hay sangre.
Por eso, muchas personas han dicho “basta”. Por eso se grita Se acabó, como gritaron en los estadios las mujeres hartas de violencia. Porque también esto es violencia: invisibilizar nuestras luchas, cancelar nuestra memoria, reprimir nuestra protesta. Porque no podemos seguir celebrando mientras al otro lado del Mediterráneo se entierran niños. Porque no queremos ser cómplices del silencio. Porque también nosotros, como dijo María Jiménez, nos lo propusimos. Y sufrimos.
Quizá Eurovisión pueda seguir existiendo sin nosotras. Pero será un espectáculo vacío. Brillante por fuera y podrido por dentro. Un producto sin alma.
Nosotras ya no estamos allí. Estamos en las calles. En las redes. En los centros culturales. En las universidades. En los márgenes. Donde todavía se puede gritar.
Se acabó, Eurovisión. Pero empieza otra cosa.
