En un hecho que ha provocado gran indignación, la declaración de Elisa Mouliaá contra el político Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ha puesto sobre la mesa una amarga realidad del sistema judicial español: la revictimización que sufren las mujeres cuando intentan denunciar agresiones. El cuestionamiento agresivo y desafiante del juez Carretero al testimonio de Mouliaá subraya una falla crítica de nuestra justicia, que aún carece de la empatía y el enfoque necesario para tratar casos de violencia sexual con la sensibilidad que requieren.
Durante un intenso interrogatorio de casi dos horas, el magistrado Adolfo Carretero no dejó de imponer una visión sesgada sobre los hechos, sugiriendo que Mouliaá, en lugar de haber sido víctima de agresión, simplemente actuó por despecho hacia Errejón. Entre sus preguntas cargadas de dudas, cuestionó la veracidad de los sentimientos de la denunciante: «¿No sería que usted sí quería algo con ese señor y al no responderle, le denuncia?». Este tipo de preguntas, cargadas de insinuaciones sobre la moralidad y el comportamiento de las mujeres, tienen un impacto devastador en las víctimas de violencia de género, que se ven forzadas a justificar el abuso al que han sido sometidas.
Mouliaá: Al principio me tocó por encima y luego me tiró a la cama y ahí ya me quitó el sujetador.
Carretero: ¿Usted le dijo que parara?
M: Le dije que me estaba sintiendo incómoda.
C: Muy incómoda, no: ¿le dijo: ‘Déjame en paz’?
La justicia está siendo utilizada en ocasiones como una herramienta para deshumanizar y descalificar a las víctimas, mientras que el agresor se presenta como una víctima de circunstancias. Las preguntas reiteradas del juez sobre la resistencia física de Mouliaá durante la agresión, sobre por qué no gritó, o incluso sobre cómo se «subió al coche» con Errejón, reflejan una visión arcaica que presupone que solo las agresiones con fuerza extrema deben considerarse como violencia sexual. Esta mentalidad de «si no hay resistencia física visible, no ha habido agresión» ignora la psicología detrás de los abusos sexuales, donde el consentimiento se ve alterado por el abuso de poder, el miedo o la manipulación, lo cual dificulta enormemente la capacidad de una víctima para reaccionar con claridad ante el atacante.
Por otro lado, este caso de la actriz Mouliaá también arroja luz sobre la peligrosísima tendencia a usar los recuerdos incompletos de las víctimas, producto del trauma, en su contra. Mouliaá admitió haber estado «muy ebria» la noche del incidente, pero, lejos de considerar esta información como un signo de vulnerabilidad, el juez usó ese hecho para desacreditarla, sugiriendo que ella había provocado una situación en la que, si realmente hubiese querido resistir, debía haberlo hecho. Aquí, el juicio adoptó una actitud que revitaliza la “cultura de la violación”, que demanda pruebas inequívocas de resistencia frente a un sistema de agresores que, por su poder e influencia, juegan con la manipulación psicológica para evadir la responsabilidad.
Además, los relatos entre Mouliaá y Errejón, quienes, a juicio del político, compartieron una relación «activa», están totalmente desbordados por el marco del consentimiento. Desde su perspectiva, el encuentro con la actriz no pasó de ser un juego de «tonteo». Errejón presentó su versión del incidente como una mera disputa normal entre personas que se sentían atraídas, minimizando completamente lo que ella describió como un abuso intimidatorio. Esta contradicción entre los relatos no hace más que evidenciar la profunda desigualdad de poder entre un exdiputado y una mujer que, en ese momento, se encontraba vulnerable y ebria.
La actriz explicando que el exdiputado “sacó su miembro viril” para dominarla y que ella le recriminó que “a una mujer se la pone cómoda” y le dijo que parara porque se “estaba sintiendo violentada”.
C: Pero, señora, ¿cómo que se levantó? ¿Forcejeó con él?
…
C: ¿No le dijo nada a ninguno de sus amigos en la fiesta?
M: Yo recuerdo que estaba muy ebria, mucho más de lo normal y que me daba todo muchas vueltas. Ya tengo lagunas al salir de la habitación.
Este interrogatorio expone las profundas fisuras de un sistema judicial que necesita urgentemente someterse a una transformación que pase por una sensibilización integral. No basta con las leyes; se requiere una educación más profunda de todos los operadores jurídicos en temas de género, poder, y agresión sexual. Preguntarles a las víctimas si resistieron físicamente el ataque, como si fueran agentes que deberían haber reaccionado en el mismo momento, demuestra un profundo desconocimiento sobre el complejo panorama emocional y psicológico que enfrenta una persona cuando su autonomía ha sido atacada.
Además, el maltrato psicológico que sufren muchas víctimas, quienes a menudo se sienten aisladas o invaluables, se ve exacerbado por la falta de compasión de aquellos que deberían estar del lado de la justicia. De ahí que los comentarios y el tratamiento por parte del juez Carretero no solo hayan deslegitimado el testimonio de la actriz, sino que también hayan contribuido a intensificar el dolor emocional de una mujer que ya había sufrido el abuso de su atacante.
C: ¿Qué paso en la habitación? — le pregunta el magistrado.
Errejón: Nos fuimos a la habitación como dos personas que están en una fiesta ligando que se escabullen para darse unos besos, primero de pie y luego acabamos en la cama, no le quité el sujetador. Era un calentón con vistas a una relación sexual. No somos adolescentes, no vamos a tener una relación en una casa desconocida. Era algo activo, nos acariciamos los dos.
La crítica pública de líderes feministas, como la exministra Irene Montero, es un paso positivo, pero lejos de ser suficiente. Es urgente que en el ámbito judicial se adopte una cultura basada en el respeto, en el reconocimiento de las dinámicas de poder que facilitan la agresión sexual, y en un compromiso real de proteger a las víctimas en lugar de revictimizarlas. Preguntas que minimizan las experiencias traumáticas de las víctimas o las exponen a un doble examen son absolutamente incompatibles con un sistema de justicia que pretende salvaguardar la integridad y los derechos de todos los ciudadanos.
C: Usted era portavoz del grupo Sumar, una persona muy conocida, de izquierdas y dice que había tenido comportamientos que no correspondían con su actitud pública. ¿Esa dimisión tiene que ver con los hechos de esta señora?
E: No. Yo conozco la denuncia después de mi dimisión.
C: Pero en Castellón ya lo denunciaron [el magistrado se refería a una denuncia a través de la red social X en la que una mujer aseguraba haber sido agredida por el político en un festival].
E: No he recibido ninguna denuncia hasta ahora, había habido testimonios anónimos
…
E: Llevo 10 años en primera línea política y estaba cansado y quería dejarlo, cuando de repente pasa un testimonio que me acusa de algo, pierdo la confianza de mis dirigentes políticas y además es obvio que no puedo defender mi inocencia y seguir siendo portavoz.
C: Usted como portavoz defendía que todo testimonio (de una víctima de agresión sexual) es válido
E: Por eso dimití, es una incoherencia.
El caso de Elisa Mouliaá y el cuestionamiento de su dolor en la sala de juicios debería servir de lección. Ya es hora de que la justicia se adapte a las realidades de los casos de violencia de género y establezca procesos que otorguen un trato digno a quienes se atreven a denunciar el abuso. Solo a través de un enfoque judicial que sea integral, humano y adaptado a los tiempos actuales, podremos empezar a garantizar que todas las voces de las mujeres sean escuchadas, respetadas y, por fin, protegidas.
