Desde su llegada a Madrid en 2022, Alberto Núñez Feijóo prometió ser un líder de consenso, alejado de la confrontación estéril. Sin embargo, tres años después, su trayectoria en la oposición se ha caracterizado por un rechazo sistemático a las iniciativas sociales del Ejecutivo. La última muestra: el PP ha dejado en el aire su apoyo al plan de 14.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias de la nueva guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, un paquete de medidas urgentes destinado a proteger a empresas y trabajadores españoles.
Feijóo, en una postura cada vez más condicionada por la presión de Vox, se niega a dar su respaldo a una iniciativa que incluso sectores económicos y empresariales consideran crucial. En lugar de ello, acusa al presidente Pedro Sánchez de “frivolizar con las relaciones internacionales” y tilda el plan económico de “parche sin ambición”, pese a que contempla avales ICO, apoyo a la internacionalización de empresas, ayudas industriales y financiación a través del ICEX.
Las negociaciones con el Gobierno siguen abiertas, aunque en Génova no ocultan su inclinación por el voto negativo, en un nuevo capítulo del bloqueo parlamentario que se ha convertido en marca de la casa desde que Feijóo asumió el liderazgo del PP. A lo largo de la legislatura, los populares han votado en contra de todos los decretos sociales presentados por Moncloa para responder a crisis económicas, sociales o sanitarias. La estrategia parece clara: debilitar al Gobierno en cada votación clave, incluso cuando se trata de medidas que afectan directamente al bienestar de millones de ciudadanos.
En enero, por ejemplo, el PP se alió con Junts para tumbar un decreto ómnibus que incluía la revalorización de pensiones y ayudas al transporte. Alegaron entonces que el texto escondía un “regalo” al PNV: la devolución de un palacete en París. Unas semanas después, el mismo PP acabó apoyando un decreto prácticamente idéntico. No fue la única rectificación: la formación también se opuso a un amplio paquete social que incluía mejoras en el ingreso mínimo vital, ayudas a autónomos, protección frente a desahucios y rebajas del IVA en productos básicos.
Más recientemente, los populares rechazaron reformas claves como la ampliación de subsidios de desempleo, que aumentaban su cuantía, eliminaban el mes de espera entre prestaciones y facilitaban la compatibilidad con trabajos temporales. También dijeron ‘no’ a medidas laborales como la acumulación del permiso de lactancia o incentivos fiscales para entidades sociales.
Desde su llegada a la política nacional, Feijóo ha jugado con un discurso de moderación que contrasta con la práctica de un bloqueo casi automático a cualquier medida que provenga del Consejo de Ministros. Aunque en sus primeras semanas hablaba de pactos de Estado, hoy la excepción más destacada ha sido la renovación del CGPJ tras cinco años de parálisis, y el acuerdo sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Feijóo y el PP siguen explorando su estrategia de desgaste. Mientras Sánchez insiste en que agotará la legislatura hasta 2027, la oposición parece más centrada en forzar cada tropiezo parlamentario como una oportunidad de erosión política. En medio, quedan las consecuencias de las crisis globales —como la de los aranceles— que requieren unidad institucional y altura de miras. Y, por ahora, el principal partido de la oposición sigue diciendo ‘no’.
