Golpe judicial a la política migratoria de Trump, que resucita una norma del siglo XVIII para justificar expulsiones sin juicioWashington, 19/04/2025 (actualizado a las 20:28)
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado detener temporalmente la deportación de un grupo de migrantes venezolanos detenidos en Texas, quienes iban a ser expulsados del país bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de 1798 concebida para situaciones de guerra y rara vez utilizada desde su creación. La decisión judicial representa un revés contundente para la administración Trump, que había comenzado a aplicar esta norma en el marco de una política migratoria cada vez más dura y polémica.
Una ley de tiempos de guerra para justificar expulsiones en masa
La Ley de Enemigos Extranjeros fue aprobada durante la presidencia de John Adams, en pleno contexto de tensiones con Francia, y fue pensada para permitir la detención y expulsión de ciudadanos extranjeros considerados peligrosos durante conflictos bélicos. Su uso más notorio en el siglo XX se dio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó junto a otras normativas para justificar la internación masiva de ciudadanos japoneses, alemanes e italianos, muchos de ellos residentes legales o incluso ciudadanos estadounidenses.
Su invocación por parte de Donald Trump en 2025 marca un regreso alarmante de esta herramienta, esta vez dirigida a migrantes venezolanos, a los que se acusa sin pruebas claras de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua o la MS-13.
El Supremo frena la deportación de una treintena de migrantes detenidos en Texas
La resolución del alto tribunal, emitida de madrugada, ha bloqueado la deportación inmediata de al menos 30 migrantes que se encontraban en el Centro de Detención Bluebonnet, en Anson (Texas). La administración alegó que estas personas formaban parte de redes criminales, pero no presentó evidencia concreta que vinculara a los detenidos con dichas organizaciones. Según denuncias de activistas, en muchos casos los únicos “indicios” eran tatuajes o el tipo de ropa que llevaban puesta.
A pesar de ello, el Gobierno ya había deportado anteriormente a más de 200 personas utilizando esta ley. Muchos de ellos fueron enviados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos por prácticas de encarcelamiento arbitrario y tortura.
División en la Corte y creciente tensión institucional
En una votación de 7 a 2, cuatro jueces conservadores se unieron a las tres magistradas progresistas para bloquear temporalmente las deportaciones. Solo los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito votaron en contra. Aunque el fallo no contiene una justificación extensa —como es común en decisiones de emergencia—, deja claro que existe preocupación dentro del poder judicial por los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.
El caso fue presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que los migrantes no habían recibido información adecuada sobre sus derechos, ni se les había brindado la oportunidad de impugnar su expulsión ante un juez. “Nos sentimos aliviados de que el Tribunal Supremo no haya permitido una deportación exprés como la que ya ocurrió el mes pasado”, declaró el abogado principal de la ACLU, Lee Gelernt.
Trump desafía al poder judicial: deportaciones pese a las órdenes
Este fallo es solo el más reciente capítulo en el creciente enfrentamiento entre la Casa Blanca y el poder judicial. En marzo, un juez federal en Washington, James Boasberg, ya había ordenado suspender las deportaciones basadas en la ley de 1798, por considerarlas una extralimitación de funciones. Sin embargo, la administración Trump ignoró la orden y procedió con al menos dos vuelos de deportación, alegando que los aviones ya estaban en espacio aéreo internacional, convirtiendo el asunto en una “cuestión de política exterior” fuera del alcance judicial.
Este acto de desobediencia ha llevado al juez Boasberg a abrir una investigación por desacato, aunque esa medida fue suspendida temporalmente por un tribunal de apelaciones.
El caso Ábrego García: el rostro de la arbitrariedad
La situación ha ganado aún más relevancia pública con el caso de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño con estatus legal en EE.UU., sin antecedentes penales, que fue deportado erróneamente bajo esta ley. La Casa Blanca reconoció más tarde que su expulsión fue un “error administrativo”, pero se ha negado a facilitar su retorno pese a una orden unánime del Tribunal Supremo (9-0) que así lo exige.
Ábrego permanece actualmente detenido en El Salvador, donde el Gobierno de Bukele sostiene que pertenece a la MS-13. La única base para esta acusación es un informe policial de 2019 que lo señala por la ropa que llevaba en el momento del arresto. No existe ninguna condena judicial que respalde esa vinculación y, de hecho, un juez de inmigración determinó en su día que no podía ser deportado a El Salvador porque su vida estaría en peligro.
El senador demócrata Chris Van Hollen ha viajado recientemente al país centroamericano para intentar mediar en el caso, sin éxito hasta ahora.
Una política migratoria cada vez más extrema
La reactivación de leyes del siglo XVIII y la ejecución de deportaciones sin juicio reflejan un endurecimiento extremo de la política migratoria del segundo mandato de Trump. En sus declaraciones públicas, el presidente ha señalado que el país necesita “defenderse contra enemigos extranjeros” que “se infiltran entre los migrantes”. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnesty International y la ACLU han advertido que se está utilizando un lenguaje bélico y criminalizador para justificar violaciones sistemáticas de derechos humanos.
La decisión del Supremo podría sentar un precedente importante sobre los límites legales en materia de deportaciones y el uso de leyes de emergencia. A medida que el caso avance en los tribunales, se definirá si una legislación escrita en 1798 puede seguir aplicándose en el siglo XXI, y si el poder judicial será capaz de frenar la deriva autoritaria del Ejecutivo.
